La consigna sigue latente: No declinar la lucha por la búsqueda de la Paz

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El pueblo le dijo “no” al Acuerdo, pero no a la paz. Hay que superar la polarización que dejó el plebiscito y mirar hacia adelante, porque la Constitución y el fallo de la Corte abren puertas jurídicas para seguir avanzando hacia un acuerdo con las FARC.

Por José Gregorio Hernández. Abogado, de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Público; fue Viceministro de Comunicaciones, Asesor del Ministerio de Desarrollo Económico, del Fondo Nacional del Ahorro y del IFI; Director General de Impuestos Nacionales; Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia; Vice-rector de la Universidad Sergio Arboleda; Magistrado y Presidente de la Corte Constitucional; Rector de la Universidad Autónoma de Colombia. Tomado de Razón Pública.

Razones y sinrazones del No

Los resultados del plebiscito del 2 de octubre han sido interpretados de maneras muy diversas y polémicas. Por eso empiezo por sugerir algunas precisiones.

Antes que nada debo advertir que, aunque hubo mucha polarización en torno a dos protagonistas de la vida nacional (el presidente Santos y el expresidente y senador  Uribe), no todos los ciudadanos que acogieron el Sí ni todos los que votaron por el No lo hicieron por su afinidad política con uno de ellos, ni por su pertenencia a determinado partido.

En efecto, algunos disentimos parcialmente del contenido del Acuerdo por razones jurídicas, o porque la pregunta nos pareció erróneamente formulada al confundir la paz con las 297 páginas del “Acuerdo Final”, como si estuviera diciendo “tómelo o déjelo”. En esta situación no había otro remedio que optar por la respuesta negativa por razones de coherencia.

Otros no leyeron el texto del Acuerdo o no lo entendieron, y se dejaron llevar por los mensajes de las campañas, muchos de los cuales usaron la ignorancia de los votantes para despistarlos con mentiras. Por ejemplo se dijo que si ganaba el No habría guerra al día siguiente en las ciudades, o que si ganaba el Sí los pensionados se verían afectados porque parte de sus mesadas se usarían para sostener a los desmovilizados; o que se impondría la “ideología de género”.

Todas estas mentiras tomaron fuerza entre los votantes debido a la desinformación generada por el mismo gobierno, que sometió a la refrendación popular un documento largo y farragoso, completamente ajeno al conocimiento que en cualquier plebiscito deben tener los ciudadanos acerca de las opciones en juego.

Algunos otros no le dieron importancia al asunto y no salieron a votar. Y otros (partidarios sobre todo del Sí) se confiaron en los resultados debido a las encuestas. Por estas u otras razones, el hecho indiscutible fue la alta abstención, que alcanzó a ser del 63 por ciento del censo electoral.

La sorpresa fue grande para unos y otros, después de que se creyó que el Sí arrollaría y apenas pocos días después de la pomposa ceremonia de firma del Acuerdo en Cartagena.

El post-plebiscito

Como el gobierno no tenía un plan alternativo, al principio no supo qué hacer ni qué decir. El presidente quedó perplejo, aunque pocos días después el Comité Noruego le dio un nuevo aire al otorgarle el Premio Nobel de Paz.

El jefe del Estado habló el mismo 2 de octubre y dijo lo contrario de lo que había sostenido durante los días anteriores, cuando repetía que quienes votaran por el No eran enemigos de la paz. Ahora todos –los del Sí y los del No-, según su nuevo enfoque, buscaban la paz y por tanto había que iniciar diálogos con los líderes del No para llegar a nuevos acuerdos.

Sin duda fue una estrategia equivocada y desleal hacer creer que votar por el No significaba ser partidario de la guerra; como fue también erróneo atribuir a los partidarios del Sí una tendencia al denominado “castro-chavismo”. En sentido jurídico, las dos opciones eran válidas, y así lo reconoció el propio Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en declaración pública.

El plebiscito es un mecanismo de participación popular mediante el cual se pretende indagar qué prefiere el pueblo. Y el pueblo fue el llamado a elegir. Una y otra posibilidad eran opciones legítimas. Pero se encendieron los ánimos de tal manera que hubo silbatinas, abucheos, descalificaciones, insultos, matoneo en las redes y violencia verbal en búsqueda de la paz, cuando se trataba de acudir, con arreglo a la Constitución, a las mayorías para saber si el gobierno contaba o no con el respaldo político a lo acordado en La Habana.

Infortunada y paradójicamente (se trataba de la paz), el país se polarizó por cuenta del plebiscito, un instrumento democrático que el presidente de la República escogió para dar fortaleza política a lo acordado, pero que no era necesario.

Optar por el diálogo, designar a los negociadores, decretar el cese al fuego, dirigir los diálogos y firmar el Acuerdo Final son atribuciones con las que siempre ha contado el presidente según sus funciones constitucionales como jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República y responsable del orden público.

La otra paradoja fue que lo que hubo en este caso no fue unidad nacional sino la división. Una división que continúa casi un mes después de votado el plebiscito.

Era de suponer que unos y otros aceptarían los resultados de la votación y que después del 2 de octubre ya no habría partidarios del Sí y del No sino colombianos unidos en búsqueda de la paz.

El No rechazó el Acuerdo Final, pero no votó contra la paz, ni eligió la guerra como camino. Simplemente quedó claro que, aunque el gobierno quiso confundir la paz con el Acuerdo, ni el Acuerdo era la paz, ni la paz se logra exclusivamente con ese Acuerdo.

La situación jurídica

Pero la etapa del Sí y del No ya pasó. Ya se agotó el mecanismo de participación y el presidente debe acatar lo dispuesto por el pueblo al que dirigió la pregunta. Ya no debemos prolongar la división. No podemos seguir divididos hasta el final de los tiempos, sino unidos alrededor del propósito nacional de conseguir la paz tras medio siglo de violencia. Debemos dialogar, en vez de enfrentarnos como enemigos.

En este punto importa destacar las precisiones que hizo la Corte Constitucional en su Sentencia C-379 del 18 de julio pasado:

-Por una parte el plebiscito (1) expresa la voluntad ciudadana, (2) como fuente de poder soberano, irradia las esferas estatales de decisión, y (3) exige a las instancias de representación actuar conforme al mandato político y dotarlo de eficacia. Así que no se puede desconocer el carácter vinculante del plebiscito porque hacerlo sería “suprimir los fundamentos axiológicos sobre los que se funda el Estado constitucional y democrático colombiano”.

-Pero por otra parte los efectos del plebiscito se circunscriben al Presidente de la República, sin que puedan extenderse a otros poderes públicos, como el Congreso o la propia Corte. Es decir, las ramas del poder público siguen contando con la totalidad de sus atribuciones.

Por esta razón el Congreso podría, por ejemplo, tramitar la ley de amnistía o indulto general para los miembros de las FARC por delitos políticos, con total exclusión de los condenados por crímenes de lesa humanidad, o crímenes de guerra cometidos en forma sistemática.

También una ley de reforma agraria siempre podrá ser tramitada por el Congreso. Y siempre podrá el Congreso modificar la Constitución para buscar que los desmovilizados puedan participar en política, tomar parte en elecciones y aspirar a cargos de elección popular.

Ahora bien, tras los contactos y reuniones que se han llevado a cabo para considerar ajustes al Acuerdo Final -ajustes indispensables por haber triunfado el No el 2 de octubre-, se debe hablar de los procedimientos que el presidente de la República podría aplicar para implementar el nuevo Acuerdo.

El Congreso ya aprobó el Acto Legislativo 1 de 2016 que contempla precisamente ese procedimiento especial para el trámite de los proyectos de reforma constitucional y legal que resulten de lo convenido en La Habana. Además, contempla facultades extraordinarias para el presidente de la República con la misma finalidad.

A última hora, sin embargo, en el octavo debate en el Congreso, se aprobó un artículo (el quinto) según el cual el Acto Legislativo “rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Como triunfó el No en el plebiscito no hubo refrendación, y por tanto el Acto Legislativo no entró a regir. Pero está demandado ante la Corte Constitucional por algo que aquí advertimos: la introducción tardía del artículo 5, que violó el principio de consecutividad porque ha debido ser aprobado en los siete debates anteriores.

La Corte, si sigue su reiterada jurisprudencia, deberá declarar inexequible ese artículo que supeditaba la vigencia a la aprobación del plebiscito, y en ese caso el Acto Legislativo entraría en vigor y con él cobrarían vigencia el procedimiento especial de paz y las facultades extraordinarias concedidas al presidente.

La misma suerte correría, por vulneración del señalado principio constitucional, aquella norma del Acto Legislativo introducida en el séptimo debate según la cual el Acuerdo Final sería un Acuerdo Especial de los previstos en el artículo tercero común a los convenios de Ginebra de 1949.

También debemos recordar que, según el numeral 3 del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional tiene competencia para revisar por razones de forma y en control automático los plebiscitos nacionales. Como el del 2 de octubre.

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