¿Quién gana en el duelo de las minerías?

La Corte Constitucional acaba de sentar un precedente a favor de la minería tradicional. Y sin embargo la informalidad de este sector, sumada a los reclamos de las grandes mineras, sigue siendo un gran problema del país. ¿Qué hacer?

Por Leonardo Güiza. Abogado y biólogo, maestro en Derecho Ambiental Industrial (Universidad de Poitiers, Francia) y en Derechos Humanos (Universidad de Alcalá, España), profesor  de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y director de la línea de investigación en minería y derechos humanos.

Pequeños contra grande

El pasado 28 de febrero, la Corte Constitucional emitió un fallo muy importante para la explotación minera a gran escala en Colombia. Esta decisión resolvió un conflicto entre la multinacional canadiense Gran Colombia Gold y los pequeños mineros del municipio de Marmato, Caldas, por la explotación de la mina de oro Villonza.

Al repasar los antecedentes del caso se encuentra que el conflicto se agudizó en gran parte por la falta de coordinación entre las instituciones y las fallas en la reglamentación de la minería tradicional (en esta misma entrega de Razón Publica, Luis Thais muestra cómo estos problemas son un patrón común en toda América Latina).

Desde hace una década, los mineros tradicionales de Marmato iniciaron un proceso judicial contra Gran Colombia Gold por la explotación minera en la parte alta del cerro El Burro. Mediante la Sentencia SU-133 de 2017, la Corte Constitucional ordenó:

  1. Suspender la actividad de la multinacional en tanto no se realice la consulta previa correspondiente.
  2. Concertar nuevos espacios que aseguren la participación efectiva de los mineros tradicionales en lo relacionado con la garantía de su derecho a explorar y explotar los recursos mineros que garanticen su subsistencia.
  3. Suspender la resolución de amparo administrativo a favor de Gran Colombia Gold que ordenaba el cierre y desalojo de la mina Villonza.

El fallo aviva el debate sobre la importancia de las condiciones –no solo ambientales, sino sociales y económicas– para la explotación de los recursos naturales en zonas donde se practica la minería tradicional.

Los antecedentes

Antes de este fallo, Gran Colombia Gold afirmaba que el Estado colombiano no había cumplido con los amparos administrativos que le exigían desalojar a los mineros tradicionales que ejercían su actividad en las zonas establecidas por los títulos otorgados a la empresa. La multinacional alegaba que no se estaba garantizando su derecho a la explotación minera legal en esta zona, a pesar de tener los títulos mineros desde 2008.

Por este motivo, Gran Colombia Gold anunció semanas atrás una posible demanda por 700 millones de dólares contra el Estado colombiano, que habría incumplido los términos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. En la demanda se reclamaría que la Agencia Nacional de Minería y la Alcaldía de Marmato no ayudaron a impedir la ocupación de las zonas de explotación sobre las cuales la empresa minera tenía titulación. Además, se reclamaría por la imposibilidad de llevar a cabo la explotación, no solo por la resistencia de la comunidad, sino por los continuos hostigamientos por parte del ELN.

A pesar de estos conflictos, los mineros tradicionales no estaban dispuestos a abandonar su actividad. Según los habitantes de la zona, su organización está basada en la distribución democrática de los recursos minerales. En el municipio hay poco más de 9.000 habitantes de los cuales más del 70 por ciento está dedicado a la minería, y alrededor de 5.000 familias obtienen su sustento de actividades relacionadas con ella. Esto significa que un 80 por ciento de la economía de Marmato depende de la explotación del oro.

Pese a esto, la Resolución 751 de 2010 ordenaba, entre otras cosas, que los mineros tradicionales desalojaran los predios que habían sido concesionados a la empresa minera. Por esta razón, la comunidad instauró una acción de tutela que reclamaba la protección del derecho de la población de Marmato a participar en la toma de decisiones y en la autorización de concesiones para la explotación minera, pues estas afectan las prácticas sociales y productivas de los habitantes del municipio.

Minería tradicional en Colombia

Es importante señalar que el caso de Marmato no es excepcional en el país.

La actividad minera en Colombia aún es incipiente y se lleva a cabo principalmente en pequeña escala. De acuerdo con el Censo Minero de 2011, de las 14.357 minas existentes en el país, 10.384 son pequeñas, 3.749 son medianas y 208 son grandes.

Gran parte de la pequeña minería no cuenta con el correspondiente título minero. Los departamentos con mayores porcentajes de ilegalidad minera en pequeña escala son Chocó (100 por ciento), La Guajira (100 por ciento), Magdalena (100 por ciento), Córdoba (95 por ciento), Bolívar (92 por ciento), Atlántico (91 por ciento), Risaralda (91 por ciento), Cauca (90 por ciento) y Antioquia (85 por ciento).

A pesar de esto, actualmente el 66 por ciento de la actividad minera en el país se realiza en 6.813 pequeñas minas ilegales. De estas minas, 3.147 tienen menos de cinco años de explotación, 990 tienen entre cinco y diez años de explotación y 2.676 tienen más de diez años de explotación. De acuerdo con esta información, el 39 por ciento de las pequeñas minas ilegales del país llevan más de diez años de explotación minera, por lo cual pueden ser consideradas como minería tradicional que no ha sido formalizada.

Esto indica que uno de los derechos de los pequeños mineros que más ha sido vulnerado es el derecho a la propiedad, ya que en la mayoría de los casos no se les ha reconocido un título sobre los recursos minerales que han explotado durante más de una década.

Adicionalmente, muchas de las áreas que ocupan los pequeños mineros han sido entregadas en concesión a grandes empresas mineras, como ocurrió en el caso de Marmato. De hecho, se estima que el 90 por ciento de las zonas donde hay minería informal ya se encuentran incluidas dentro de un contrato de concesión, lo cual limita las posibilidades de una legalización efectiva a favor de los mineros tradicionales.

Lo que viene

Considerando la importancia de la minería tradicional en el país y la Sentencia de la Corte Constitucional, cuyo fallo a favor de los mineros tradicionales probablemente se repetirá, es evidente que las empresas mineras deberán adaptarse a un modelo en el que sea posible la coexistencia de la minería tradicional de pequeña escala con las actividades de la gran minería.

Debe aclararse que las disposiciones de la Corte Constitucional en este sentido no riñen con el derecho al debido proceso administrativo ni con los derechos adquiridos de las empresas con títulos mineros legales. La Corte actuó de acuerdo con los principios consagrados en los artículos 332, 334 y 360 de la Constitución. Estos establecen que el Estado, además de ser propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, puede intervenir en su explotación para racionalizar la economía y conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, así como la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

De acuerdo con lo anterior, el Estado tiene derecho a intervenir en las reglas de juego para explotar los recursos naturales con el fin de mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en desventaja en el desarrollo de la actividad, como ocurre en el caso de los pequeños mineros.

En relación con esto, es importante señalar que en Colombia las políticas públicas no han respondido a la necesidad de formalizar la pequeña minería, de modo que los avances en este sentido han sido precarios y esto se ha traducido en altos índices informalidad. Como en Marmato, gran parte de los grupos étnicos del país que llevan a cabo actividades mineras lo hacen ilegalmente debido a las dificultades para acceder a los títulos mineros.

La ley no puede obligar a las partes a coexistir en un mismo territorio, así como tampoco puede modificar el área establecida en una concesión, pero sí puede facilitar que la relación entre las partes se dé en igualdad de condiciones y garantizar que se protejan los derechos del minero tradicional, de modo que pueda continuar con la explotación, pero de manera legal y sin afectar de modo sustantivo los intereses económicos de la gran minería.

Como dijo la Corte Constitucional, esto puede lograrse garantizando espacios de diálogo y participación efectivos donde se logre conciliar los derechos de la gran minería con los de los mineros tradicionales.

Link: http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10091-miner%C3%ADa-tradicional-versus-gran-miner%C3%ADa-qui%C3%A9n-va-ganando-la-pelea.html?

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