La Paz y la “Nueva Colombia”: Aún sigue siendo un sueño

Entre aciertos y tropiezos, el proceso de paz prometía inaugurar una nueva época para Colombia. Y sin embargo el panorama es el de siempre: congresistas implicados en delitos y un debate electoral donde los grandes temas brillan por su ausencia.

Por Medófilo Medina. Cofundador de Razón Pública.

¿Una nueva época?

El proceso de paz obtuvo el sello de lo irreversible el 27 de junio de 2017, cuando las FARC entregaron las armas a la ONU en la vereda Buenavista del departamento del Meta.

El país no será el mismo, una vez que la guerra entre el Estado y la fuerza mayor de la insurgencia fue sustraída del sistema político. Al menos desde el final de los años 70, la guerra fue protagonista de nuestro sistema político. Y sin embargo el cumplimiento de los acuerdos de paz debe enfrentarse a la animadversión o a la indiferencia de muchos a quienes les parece que la paz es una ilusión.

Para extraer esas afirmaciones del terreno movedizo de las impresiones, no queda otro camino que el del análisis y la controversia informada.

Creación colectiva y grandes avances

Las conversaciones de paz, que en su etapa pública se instalaron en Oslo el 19 de octubre de 2012, constituyeron un proceso serio de creación colectiva.

Se iniciaron con una pieza sólida que se había firmado previamente por las partes: El “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Antes de que transcurriera un año, la mesa contaba con un primer acuerdo: “Hacia un nuevo campo colombiano”. El avance fue sorprendente, dado el peso que el problema agrario ha tenido en el desencadenamiento y desarrollo del conflicto armado.

Al menos el 40 por ciento de los candidatos al congreso tienen relación con actividades ilícitas o con estructuras criminales.

Luego vendrían los acuerdos sobre los otros cuatro puntos de la agenda. En materia de víctimas, el comienzo de la negociación se resume en la desalentadora frase de las FARC: “nosotros también somos víctimas”. Al final se llegó a una ambiciosa Declaración de principios sobre las víctimas que partió del reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado y de la guerrilla. A la mesa acudieron representantes de distintos sectores del mundo de las víctimas, lo que le imprimió a las conversaciones credibilidad y dinamismo.

Experiencias inéditas y tensiones

El proceso incorporó experiencias inéditas, como el arribo de altos oficiales activos de las Fuerzas Armadas a la Mesa de La Habana por orden presidencial. Las negociaciones incorporaron  recursos intelectuales y profesionales muy valiosos, como la elaboración de una concepción de justicia transicional restaurativa que culminará en el diseño de la JEP y que se convertirá en referencia internacional.

La construcción de los acuerdos avanzó en medio de tensiones permanentes:

  • ceses al fuego unilaterales y bilaterales
  • graves acciones de guerra
  • peligrosas rupturas de las conversaciones

En todo caso, el proceso estuvo siempre bajo el atento seguimiento de la comunidad internacional y contó con una participación activa de Estados Unidos.

Tanta energía acumuló el proceso de paz que fue posible abrir un capítulo de renegociación luego del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre. Las muchedumbres que marcharon el 5 y el 12 de octubre de 2016 para que siguiera adelante el proceso jugaron un papel estratégico en la culminación del acuerdo modificado.

El país no da la talla

Ni el Estado, ni el sistema político, ni las élites civiles estaban preparados para responder a los desafíos de la paz. En el ejercicio de sus diversas funciones, las ramas del poder público han lastimado lo convenido.

La Corte Constitucional jugó un papel contradictorio:

  • Una de las decisiones más dañinas fue la determinación sobre el fast track. La Corte estableció que el Congreso no necesitaba votar en bloque y que tampoco necesitaba el aval del gobierno. Con ello se eliminó la característica de vía rápida de la figura.
  • La Corte blindó a los empresarios acusados de tener responsabilidad en el conflicto armado. Según la Corte, no es obligatorio que los terceros no combatientes concurran a la JEP.

Si bien el Congreso actuó con cierta diligencia, también es cierto que lo hizo de forma parcial. Senadores y representantes actuaron muchas veces movidos por intereses sectoriales o clientelistas y bajo la presión de poderes fácticos. El hundimiento de las dieciséis circunscripciones especiales de paz fue particularmente mezquino.

En cuanto al ejecutivo, aunque es cierto que la Presidencia trazó directrices y adoptó mecanismos para cumplir los acuerdos, estos no tuvieron seguimiento sostenido. Primero se conformó un equipo con funcionarios de diversos ministerios, coordinado por la ministra de la Presidencia María Lorena Gutiérrez, para articular las políticas relacionadas con la paz en los territorios. Pero ese trabajo se desvaneció y en la práctica cada ministerio actuó por su cuenta, con el agravante de que cualquier plan podía ser desconocido por el ministerio de Hacienda.

Expectativas frustradas

La creación del ministerio del Posconflicto y el nombramiento del General Naranjo para dirigirlo crearon expectativas que pronto se evaporaron.

Rafael Pardo fue nombrado Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, lo que demostró poca sensibilidad a la necesidad de interactuar con las comunidades. Hoy en las postrimerías del gobierno Santos cabe preguntarse: ¿en manos de quiénes está la ejecución de las reformas y del cumplimiento de los acuerdos?

La paz fue pensada y convenida con un enfoque territorial, pero el Estado está organizado desde una lógica centralista. En la práctica, las agencias creadas para atender programas específicos —estos sí con un enfoque territorial— carecen de recursos y de poder para realizar las políticas que en principio les fueron encomendadas.

Unas elecciones como todas

Si pensamos que la firma del acuerdo y la disolución de las FARC son el comienzo de una nueva etapa histórica, cabría esperar que las primeras elecciones con esas condiciones trajeran novedades estimulantes. Pero este no es el caso, pues las inercias se imponen:

  • 200 de los actuales 267 congresistas se aprestan a repetir;
  • Según La Vanguardia, al menos el 40 por ciento de los candidatos al congreso, inscritos hasta la segunda semana de diciembre de 2017, tenían relación con actividades ilícitas o con organizaciones criminales.

El panorama de los partidos también es desolador. Figuran doce partidos, pero la mayoría no reúne las condiciones que debe cumplir para ostentar tal denominación de manera legítima.

Un seco debate electoral

En lo conceptual, no se identifican líneas centrales que le den consistencia programática al debate electoral. Pero la sequía intelectual de los candidatos contrasta con la abundancia de temas que ofrece la realidad colombiana:

  1. La tierra es quizá el tema más estudiado de cuantos pueden figurar en la agenda nacional y no sólo como diagnóstico sino como propuestas de política.
  2. El narcotráfico y las posibilidades de su tratamiento tanto en el nivel nacional como en el internacional.
  3. La evaluación del déficit histórico de reformismo social con el que ha cargado Colombia en relación con otros países de América Latina.
  4.  Hoy más que nunca es urgente una política de Estado en relación con Venezuela, una política alimentada por un enfoque soberano y pragmático que diferencie la visión que se puede tener sobre la situación interna del vecino país de cómo debería ser el Estado colombiano.
  5. La reforma política es necesaria en un país que desde 1810 ha tenido siempre elecciones, pero también siempre guerras. Urge un sistema electoral confiable y transparente.
  6. El estudio de las Fuerzas Militares y su papel en el sistema político colombiano. Desde hace algunos años el Ejército Nacional ha venido pensando su reorientación estratégica. Los civiles pueden y deben conocer, estudiar y opinar sobre La Doctrina Damasco, un corpus estratégico que pretende orientar al Ejército del futuro. Es inaceptable que la voz de los militares en retiro y más precisamente de una de sus organizaciones, Acore, se tome como la posición oficial de la institución.

Todos los temas anteriores guardan estrecha relación con la construcción de paz. Por supuesto, el debate sobre la corrupción tiene toda la urgencia, pero no puede agotarse en la identificación de algunas de sus manifestaciones. El problema debe encararse a la luz de los motivos estructurales y también en relación con las tendencias internacionales.

Si la seguridad sigue conmoviendo al ciudadano de a pie, la controversia pública debe asociar el tema de la seguridad con el del bienestar. Si tal relación no se establece, la seguridad se verá como función exclusiva de la coerción militar y de policía.

El respeto como principio indivisible

En los últimos días se ha expresado la indignación contra la violencia y el apremio como recurso en la confrontación política. Se trata de un repudio justo y necesario, pero a menudo parcial.

Yo invito a los lectores para que tomen el listado de algunos de los que rechazaron la violencia contra Timochenko o contra Iván Márquez y la contrasten con quienes rechazaron la violencia contra Uribe y Petro. Después del ejercicio, quedará claro que el rechazo de la violencia depende de contra quién se dirija.

El lector puede investigar los pronunciamientos de:

  • Andrés Pastrana
  • Luis Alfredo Ramos
  • Ernesto Macías
  • Alejandro Ordóñez
  • Juan Carlos Pinzón
  • Rafael Guarín
  • Juan José Malhevy

El rechazo al uso de la violencia en la confrontación política debe ser integral e indivisible. ¡Es obvio!

 

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